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COMUNICADO DE PRENSA URGENTE DE LA PLATAFORMA DE PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL

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Meses de denuncias, noticias de prensa, inspecciones, recomendaciones del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo)… nada ha servido para que este verano se vuelva a reproducir la situación de años anteriores. Niños, niñas y adolescentes del sistema de protección hacinados en los dos únicos recursos de recepción públicos que quedan en la Comunidad Valenciana. El camino a la privatización es imparable. La Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha desmantelado los recursos públicos de Valencia, incumpliendo su propia normativa, que contempla al menos un centro de recepción y acogida de menores en cada provincia.

El colapso de los servicios de infancia y adolescencia es insostenible. La Residencia Verge de Lledó de Castellón, con 12 plazas autorizadas, está casi al doble de su capacidad desde primeros de septiembre. Pero aún más alarmante es la situación de la Residencia de Recepción y Acogida de Alicante. El centro con capacidad para 24 plazas está masificado desde hace años, duplicando su capacidad la mayor parte de los meses desde la pandemia. A día de hoy 57 niños, niñas y adolescentes del sistema de protección conviven hacinados en un centro en obras, sin ventilación y, de nuevo, durmiendo en el suelo o en sillones en zonas de ocio.

De nada han servido las recomendaciones del Síndic de Greuges o los informes del servicio de prevención de la propia administración (INVASSAT). Estas prácticas suponen un incumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como de la propia normativa autonómica, la Ley 26/2018 de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Vulneran el principio más básico de la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, el artículo 1: “Garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, incluyendo su integridad física, psíquica y moral, y asegurar un desarrollo integral”.

La dejadez e inacción del gobierno del Consell pone en riesgo la integridad y la salud de las personas menores tuteladas y del personal empleado público al servicio de la Generalitat Valenciana. Los testimonios de los y las compañeras son preocupantes: - “Nos dejan solos, en turnos imposibles de asumir y no llegamos a atender las necesidades de los adolescentes, no podemos llegar a todo”; - “el centro no tiene las condiciones mínimas para atender al doble de población con el mismo personal”; - “Acudes al trabajo con miedo a lo que puede pasar y terminas desolada”.
La falta de cobertura de vacantes complica aún más la situación. Se convocan bolsas de urgencia que los servicios de personal son incapaces de gestionar y los puestos no se PLATAFORMA DE PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL cubren. No es posible que se pueda trabajar en estas condiciones, sin tener en cuenta los riesgos físicos y psicosociales. No se puede abandonar al personal público a su suerte y esperar que no pase nada.

Desde esta plataforma nos preguntamos cuántos accidentes más tienen que ocurrir para que las administraciones públicas asuman sus responsabilidades. El pasado mes de marzo una de nuestras compañeras fue asesinada en un recurso similar en Extremadura. Esta misma semana una educadora social fue agredida brutalmente en Huelva. Los problemas de inseguridad tienen que ver con el hacinamiento y con la falta de personal, con las medidas improvisadas, en las que se prima el interés económico por encima del criterio técnico.

Instamos a las administraciones competentes y a la fiscalía de menores a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes de los recursos de protección. Reclamamos la intervención de las autoridades laborales, para adoptar cuantas acciones sean precisas para proteger la salud de nuestras compañeras y compañeros.

Por estas y por otras muchas razones saldremos este 20 de septiembre a las calles en la Comunidad Valenciana y en todo el territorio nacional. En defensa de unos servicios públicos universales de calidad, contra la privatización y los recortes en el sector social.

¡Por qué sin derechos laborales no hay derechos sociales! ¡Basta de precariedad laboral! Por trabajo digno, salud y derechos para los y las trabajadoras del sector social.

Comunicado_de_prensa_PV_(1).pdf