El nuevo despotismo ilustrado

Estamos asistiendo a una serie de decisiones desafortunadas de la Consellera de Justícia. Afectan directamente al personal que gestiona esta Conselleria y pretenden seducir al personal sin contar con él.

Parece que las ideas pioneras de la Consellera no pasan por dar respuesta a las necesidades de su personal o a los requerimientos de la gestión que éste para el normal funcionamiento de los servicios. Al contrario, está fraguando unos planteamientos que en nada benefician al personal a pesar de vender las presuntas bondades a los medios.

La última de ellas, la instauración de objetivos por el que la Conselleria implantará un programa piloto para revisar el trabajo de sus empleados públicos y establecer retribuciones variables. Parece partir de una concepción negativa del trabajo del personal empleado público que necesita ser evaluado no para mejorar los resultados sino para justificar las retribuciones que se les otorgan, empezando por la dificultad de evaluar dichos objetivos en términos de eficiencia cuando la mayoría de los Servicios públicos se rigen por la eficacia de los resultados o la heterogeneidad de los mismos. El sistema de carrera profesional tampoco parece efectivo para evaluar al personal, considera que resulta demasiado sencillo alcanzar los grados cuando la antigüedad en un puesto ya supone un objetivo y es en la oferta de una formación específica donde se debería trabajar para dar respuesta a las necesidades formativas de los Servicios y obtener un resultado de mejora en la formación del personal que redunde en el desempeño de su trabajo.

Todo ello en aras de la presunta consecución de los estándares de excelencia que redundaran en una mejor calidad de los servicios públicos valencianos. Sra Consellera, lo que en realidad quiere decir es que desea controlar la voluntad del personal, estableciendo unos criterios por los responsables del servicio que pueden jugar en contra de las posibilidades de mejora del personal, amiguismos y favoritismos que ya hemos visto tanto con anterioridad en la administración. Eso no es una administración del siglo XXI.

La sociedad del siglo XXI "exige que la Administración adopte estrategias, que le permitan identificar sus necesidades a medio y largo plazo en relación con sus plantillas” pero ello pasa por escuchar las necesidades formativas concretas, fomentar la mejora y ascenso de la plantilla con sistemas que faciliten y promuevan la promoción interna y agilizar los sistemas de movilidad del personal.

Por otro lado, la modernización de la administración que se pretende, hace aguas cuando es la propia Conselleria la que tiene pendiente aplicar la modalidad del teletrabajo. Hoy por hoy no se ha presentado un programa concreto y cada vez que se le requiere para que se pronuncie, existe un silencio velado. Así tampoco avanzamos hacia la administración del siglo XXI.

El otro gran conjunto de planteamientos de mejora lo constituye la presunta reforma de los procesos selectivos que generan gran desconfianza en los resultados y en unos sistemas que no valoran la experiencia acumulada en la administración.. La celeridad sin garantías jurídicas para los opositores, el desprestigio a la experiencia adquirida en la administración que queda sin valorar, o el diseño de unos procesos de imposible cumplimiento, solo generan caja para la administración.

El servicio de selección y provisión se encuentra en la actualidad desbordado por la cantidad de procesos pendientes lo que va a dificultar cumplir con los compromisos con los opositores condenando a participar uno tras otros en procesos consecutivos y concurrentes sin garantías para el personal. En resumen como se plantea atraer empleo si no se cuida al personal ni se ofrecen garantías de estabilidad y seguridad.

Así mismo somos muy escépticos con las ayudas a las becas para preparar oposiciones. Según noticias en prensa y a través del canal de información de la GVA, el Programa 700 flexibilizará de entre los requisitos para los beneficiarios la edad máxima para poder participar y los ingresos máximos por unidad de convivencia. En este sentido, y si no hay rectificación alguna por parte de la Sra. Bravo, el espíritu de la iniciativa, tal como STAS-Intersindical denunció en su día, continua siendo a todas luces elitista, discriminando al resto de cuerpos y escalas del personal. Aquellas personas sin titulación universitaria superior, parece ser que no son “aptos” para ser beneficiarios e integrar el talento que es necesario captar según se configura en la campaña diseñada por la Conselleria y por lo tanto no deben ser “agraciados” con este tipo de ayuda.

De cualquier manera, y al margen de como lo quiera argumentar la Sra. Bravo y su departamento, es una medida impropia del gobierno del Botànic y que nos acerca a determinada ideología alejada de la socialdemocracia y la igualdad de oportunidades.

De esta manera pedimos y exigimos una rectificación de las manifestaciones al respecto que fomente y favorezca los colectivos más feminizados de la administración con medidas reales para disminuir la brecha salarial. De hecho, en vísperas de elecciones autonómicas no parece ser una medida que pueda satisfacer las demandas del grupo político progresista que pretende gobernar para todos y todas.